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AELMHU, AESEG, anefp, AseBio, BioSim, Farmaindustria y STANPA presentan un informe elaborado junto a PwC en el que alertan de las incertidumbres jurídicas, técnicas y económicas del nuevo régimen de Responsabilidad Ampliada del Productor.
Las asociaciones AELMHU, AESEG, anefp, AseBio, BioSim, Farmaindustria y STANPA han presentado un informe técnico elaborado junto a PwC en el que piden una transposición "prudente, proporcionada y jurídicamente segura" de la Directiva europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.
El documento analiza el impacto de la Directiva (UE) 2024/3019, que introduce un nuevo régimen de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para los medicamentos de uso humano y los productos cosméticos. La norma establece la implantación progresiva del tratamiento cuaternario para eliminar microcontaminantes y obliga a estos sectores a financiar al menos el 80 % de los costes asociados.
La presentación del informe coincide con un momento de creciente debate en Europa sobre la aplicación de la Directiva. El Parlamento Europeo solicitó el pasado junio una nueva evaluación independiente de sus fundamentos técnicos y económicos, mientras que la Abogada General del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, ha cuestionado recientemente la atribución de la mayor parte de los costes a los sectores farmacéutico y cosmético por posibles vulneraciones de los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y "quien contamina paga".
Según el informe, persisten importantes incertidumbres sobre aspectos clave del futuro régimen, como la determinación de las sustancias afectadas, los criterios de exención, la delimitación de las zonas de riesgo o el cálculo de los costes financiables.
Aunque respaldan los objetivos ambientales de la norma, las siete organizaciones consideran que la futura transposición española deberá aportar seguridad jurídica, definir de forma clara las obligaciones de los productores y garantizar que los costes repercutidos estén vinculados exclusivamente al tratamiento cuaternario.
Las asociaciones defienden un modelo flexible y revisable que permita avanzar en la reducción de los microcontaminantes sin generar cargas desproporcionadas para determinados sectores ni comprometer la sostenibilidad del sistema y el acceso a los medicamentos.
Esta iniciativa da continuidad al posicionamiento conjunto que las siete asociaciones hicieron público el pasado mes de julio, cuando pidieron una transposición prudente y proporcional de la Directiva europea de aguas residuales.
