3 de octubre, 2016
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Por primera vez en una edición de BioSpain se celebró un foro de pacientes, centrado en esta ocasión en la cronicidad.

El mismo contó con la participación de Estíbaliz Gamboa, responsable del programa Paciente Activo del País Vasco; Elena Andradas, directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, y Tomás Castillo, presidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Juan José Polledo, senior director, Government Affairs & Market Access de Celgene, actuó como moderador.

El actual reto de los pacientes, en opinión de Tomás Castillo, pasa por conseguir una participación activa en las políticas de salud y en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Castillo expuso otras peticiones que considera fundamentales y necesarias para avanzar en este sentido: la creación de una Ley de Protección de la situación de Cronicidad estatal, la eliminación de las diferencias territoriales en la asistencia sanitaria y en el acceso a los tratamientos y medicinas, un Plan de Estado que garantice el acceso a los tratamientos innovadores de última generación, dotado de fondos presupuestarios plurianuales, y la creación de mecanismos de participación oficial de los pacientes en el sistema.

"Actualmente seis de cada 10 pacientes que acuden al sistema nacional de salud no entienden la información que el sistema les está facilitando", comentó por su parte Elena Andradas. “Es necesario incidir en determinadas áreas de trabajo como la alfabetización sanitaria, y debemos ser capaces de mejorar las aptitudes del paciente para mejorar la autogestión de su salud”, añadió.

Asimismo, en opinión de Estíbaliz Gamboa, se debe exigir al paciente tanto responsabilidad como participación con el sistema en todas las decisiones que tome. Para ello, “es necesario llevar a cabo estrategias prácticas que pasan por la preparación del paciente, la familia y los sanitarios, un rediseño del sistema y del cuidado, un paternariado organizacional, una mayor transparencia para que se conozcan los costes y se exija un uso responsable de los servicios, o la involucración del paciente en la evaluación e investigación y en la legislación y regulación, así como en las políticas públicas”, señaló Gamboa.

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