18 de noviembre, 2026
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El decálogo recoge diez principios para avanzar del precio al valor global de los medicamentos, sin perder de vista la calidad, la seguridad, la disponibilidad y la eficiencia económica.

La compra pública de medicamentos debe evolucionar del precio al valor global, incorporando criterios sociales y medioambientales. Esa es la conclusión que recoge el decálogo «Transformando la compra pública de medicamentos. La incorporación del valor social y medioambiental», un documento que engloba diez principios de actuación para orientar a las administraciones, los órganos de contratación y las compañías farmacéuticas en la planificación, justificación, medición y acreditación de criterios sociales y medioambientales en los procesos de contratación pública sanitaria, junto a los criterios de calidad, seguridad, disponibilidad y eficiencia económica.

El decálogo, presentado en un encuentro organizado por la compañía farmacéutica Ferrer y VINCES, plantea la necesidad de evolucionar desde una lógica centrada en el coste inmediato hacia una más amplia del valor generado para las personas, el sistema sanitario y la sociedad a medio y largo plazo.

Para ello, propone diez líneas de actuación. Algunas de las destacadas son:

  1. Priorizar el valor global frente al precio en la compra pública, integrando los resultados en salud, el impacto social, la sostenibilidad y la eficiencia para adjudicar sobre la mejor relación calidad-precio, y no únicamente sobre el precio más bajo.
  2. Valorar el impacto social acreditable y vinculado al objeto del contrato, incorporando aspectos como la accesibilidad de la información dirigida a los pacientes o las condiciones de empleo del personal que ejecuta el contrato, y evaluando su implantación y resultados.
  3. Incluir la sostenibilidad medioambiental como criterio estructural, valorando la huella ambiental del medicamento a lo largo de todo su ciclo de vida y reconociendo las mejoras verificables en su producción, distribución, uso y gestión final.
  4. Extender la valoración ambiental a la utilización y eliminación del medicamento, considerando soluciones que reduzcan sobrantes y residuos, como las presentaciones adaptadas a la práctica clínica o la integración en sistemas de recogida y logística inversa.
  5. Traducir los criterios en indicadores y evidencias objetivos, medibles y comparables, combinando métricas con modelos de gestión y certificaciones reconocidas, o equivalentes, que permitan acreditar los compromisos sociales y medioambientales vinculados al medicamento.

La aplicación de estos principios busca que la contratación pública sanitaria pueda reconocer el valor generado por los medicamentos sin perder de vista las garantías esenciales de calidad, seguridad, disponibilidad y eficiencia económica.

«En Ferrer entendemos que la manera de hacer negocios también debe contribuir a transformar la sociedad. Por eso, es importante impulsar cambios en ámbitos como la compra pública sanitaria, donde las decisiones económicas pueden tener un impacto que va mucho más allá del propio contrato. Incorporar criterios sociales y medioambientales supone avanzar hacia un modelo que reconozca el valor que generan los medicamentos para las personas, el sistema sanitario y el conjunto de la sociedad», ha afirmado David Martorell, Country Manager de Ferrer España.

Un diálogo público-privado para trasladar las propuestas a la práctica

El decálogo se ha presentado en una jornada celebrada en Madrid que ha reunido a representantes de la Administración central y autonómica, expertos en contratación pública, profesionales sanitarios, organizaciones de pacientes y sector farmacéutico.

Entre los participantes se encontraban, entre otros, César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia; José María Gimeno Feliu, codirector del Observatorio de Contratación Pública; representantes de SEFH y SEDISA; Raquel Sánchez, directora del Foro Español de Pacientes; Marta Anglada, Chief Social Justice Officer de Ferrer, y representantes de cinco comunicades autónomas.

El encuentro permitió abordar tanto el marco necesario para incorporar el valor social y medioambiental a la compra pública como su aplicación práctica en los procedimientos de contratación.

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